La Asamblea General proclama la presente Declaración
Universal de Derechos Humanos como ideal común por
el que todos los pueblos y naciones deben esforzase...
Asamblea General de las Naciones Unidas París-1948.
Desde hace más de medio siglo, con mayor insistencia desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en París, se habla sin parar de “derechos humanos”. El tema ha llegado a ser central en las conversaciones, en las discusiones políticas, en los discursos de los gobernantes. Pero a medida que se ha ido convirtiendo en un “tópico” o lugar común, se ha ido desdibujando su contenido. Como la moneda que pasa de mano en mano o rueda por los mostradores, nadie se para a mirar, a ver qué significa eso de derechos humanos, y cuáles, son los requisitos de su existencia, sus conexiones, su relación con las libertades y con los valores que parecen estimables a la humanidad -o a algunas de sus partes.
Los derechos que se proponen, reclaman o exigen dependen de un sistema de valores aceptado y de un repertorio de posibilidades reales, o que se consideran reales. Pero hay una cuestión delicada, y que suele pasarse por alto: la del sujeto de los derechos. No es cuestión tan clara; sobre todo cuando aparecen realidades que no tienen derechos, que no son propiamente sujetos de derechos. Las cosas en general; la naturaleza, el paisaje, las obras de arte; los animales. El reverso, que se olvida, es que se tienen deberes para con esas realidades; el que no sean sujetos de derechos no implica que se pueda hacer con ellas lo que se antoje. Habría que completar las declaraciones de derechos con cartas de deberes paralelas. ¿No hay deberes para con las ciudades, las lenguas, los monumentos, la continuidad histórica?
Y entre los deberes hay uno capital, que es el verdadero eje de la cuestión: el deber de hacer posibles los derechos. De otro modo, resultan puramente utópicos, meramente nominales, vacíos, inoperantes. El ejercicio de los derechos presupone condiciones reales muy precisas. Pienso, por ejemplo, en la paz, el derecho a la libertad, la cualidad de los conocimientos que habrá derecho a aprender; la verdad de las informaciones que habrá derecho a recibir. Si se falta a los deberes para con la realidad, automáticamente se produce la pérdida de los derechos correspondientes, aunque se mantenga farisaicamente su reconocimiento verbal. Cuando el ejercicio de los derechos se hace imposible, no hay que molestarse en negarlos.
El Estado tiene que imponer las condiciones de realización de esos derechos; es decir, tiene que defenderlos contra los que los atacan o los hacen imposibles. El estado no puede ser “neutral” ante los enemigos de los derechos humanos, simple testigo de su destrucción por grupos o minorías, a costa de la mayoría de la población, esto es, de los titulares de esos derechos. Hay el derecho y el deber de defender los derechos de todos, eficazmente, contra los que rechazan la convivencia o niegan la libertad de los demás. El estado no puede lavarse las manos declarando que él no viola los derechos humanos, porque si no los defiende, viola el decisivo derecho de los ciudadanos a que sus derechos sean defendidos y asegurados por el Poder público.
Pero hay otro aspecto de la cuestión, todavía más grave, y sobre el cual innumerables calamares se dedican a verter tinta y confusión. Hay Estados que niegan los derechos humanos (o parte esencial de ellos), aunque hayan firmado todas las declaraciones imaginables y los hagan constar en sus Constituciones. Esto se olvida, y se piensa solamente en las excepciones de los Estados que en general respetan los derechos humanos. En cambio, se tiende a olvidar a aquellos otros Estados cuyo sistema permanente excluye los derechos humanos. Quiero decir que se llega a pensar en los llamados “disidentes” como la única violación de los derechos; pero ¿y los millones de hombres y mujeres que ni se atreven a disentir, que no tienen ninguna posibilidad real de intentar, menos aún de expresar su disidencia?
Los sofismas se acumulan y dominan los juicios sobre la situación del mundo actual: se equipara al Estado que establece y sostiene los derechos, en el cual son realmente vigentes (aunque puedan sufrir ocasional lesión algunos) con el Estado que suprime y prohíbe esos mismos derechos, en el cual no tienen ninguna vigencia.
Un paso más que se da todos los días, es una nueva y más monstruosa equiparación: la del que quiere ejercer sus derechos con el que quiere destruir esos derechos. Se dirá que esto no es posible. Con esa expresión, ciertamente no; pero piénsese en que el poder coactivo se ejerce en un caso contra el que quiere desplazarse dentro de su país, viajar, cambiar de residencia, salir del país, volver a él, elegir sus estudios o su profesión, expresar y comunicar su pensamiento, sus opiniones o deseos, sindicarse, afiliarse a un partido político, etc.; y en el otro caso contra el terrorista, que dispara contra los demás o hace estallar bombas, o secuestra a los ciudadanos; contra el asaltante; contra el que amenaza a los que no pagan un “impuesto”; contra el que se apodera por la fuerza de la calle, con bandas armadas, y hace imposible su uso por lo demás, o perturba los transportes públicos, o entorpece las comunicaciones, etc. En un caso se trata de la libertad de ejercer los derechos: en el otro, lo que se reclama es la libertad contra los derechos, la libertad de violarlos y destruirlos. Y como dijo el poeta: “¡Ay! por mucho que se diga / no dejará la verdad / de parecernos mentira”.
Fuente.internautasporlapaz
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